Asamblea Nacional consolida seguridad ciudadana con reformas a Policía y Ejército
En una sesión reciente, la Asamblea Nacional aprobó importantes reformas a la ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, introduciendo un cambio significativo en el proceso de nombramiento de su director.
De acuerdo con la reforma al artículo 47, el Presidente de la República, en su rol de jefe supremo de la Policía Nacional, será responsable de nombrar al director de la institución por un periodo de seis años. Este nombramiento se llevará a cabo el 7 de enero del año correspondiente, mientras que la toma de posesión del cargo se efectuará el 7 de marzo del mismo año.
Este cambio refuerza la supervisión y administración de la seguridad pública del país, otorgándole la autoridad para mantener al frente de la Policía Nacional a quien considere más adecuado para cumplir con los objetivos de la administración gubernamental y las necesidades de seguridad del país.
Simultáneamente, se aprobó una reforma al Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, que establece un procedimiento similar para el nombramiento del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. Según el artículo 8 de la reforma, el Presidente de la República nombrará al comandante en jefe del Ejército a propuesta del Consejo Militar, también por un periodo de seis años. Este nombramiento se realizará el 21 de diciembre, con la toma de posesión oficial el 21 de febrero del año siguiente.
En caso de ausencia temporal o falta del comandante en jefe, el cargo será asumido por el Jefe del Estado Mayor General, quien desempeñará sus funciones hasta el regreso o la sustitución definitiva del comandante. Esta medida garantiza la continuidad en el liderazgo militar y la operatividad del Ejército, asegurando que siempre haya una persona encargada de la toma de decisiones en situaciones de emergencia.
Ambas reformas tienen un enfoque en la estabilidad y el control de las instituciones de seguridad y defensa del país, buscando optimizar la gestión dentro de la Policía Nacional y el Ejército, así como fortalecer su estructura organizativa en función de los intereses estratégicos del Estado nicaragüense.
