Nicaragua crea la Procuraduría General de Justicia
Con el objetivo de reforzar la defensa del Patrimonio Público y garantizar justicia frente a actos de corrupción, la Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura la reforma constitucional de los artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política, creando la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Esta nueva instancia será la encargada de combatir con firmeza todas las formas de despojo de las conquistas del pueblo y de la Revolución.
La PGJ tendrá como función identificar, investigar y procesar a toda persona responsable de actos que lesionen el Patrimonio Económico, Natural, Cultural, Jurídico y Político del pueblo nicaragüense. No se permitirá el encubrimiento de intereses ajenos al bien común, y se garantizará que quienes cometan actos de robo, saqueo o corrupción enfrenten las sanciones máximas establecidas en el marco legal nacional.
Durante la discusión legislativa, el jefe de bancada del Frente Sandinista, diputado Edwin Castro, destacó que esta nueva institución asume e integra las funciones del Ministerio Público y la anterior Procuraduría General de la República, consolidando así "un solo puño del pueblo contra la delincuencia y la corrupción". Aseguró que la PGJ garantizará la representación del pueblo ante delitos penales y protegerá todos los recursos del Estado.
Por su parte, el diputado Carlos López señaló que esta reforma es trascendental para fortalecer la justicia social, combatir la pobreza y asegurar que todo acto de corrupción sea identificado, procesado y sancionado sin excepciones. Subrayó que la revolución continúa consolidando el ejercicio pleno de los derechos del pueblo, promoviendo transparencia y fortaleciendo las instituciones que velan por el interés colectivo.
La Procuraduría General de Justicia ejercerá la función acusadora en nombre de las víctimas, incluyendo delitos graves como lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado. El Procurador General será nombrado por la Presidencia de la República. A partir de esta reforma, en todo el ordenamiento jurídico del país donde se mencione la Procuraduría General de la República, deberá leerse Procuraduría General de Justicia, consolidando una institución única, firme y permanente en la lucha de todos contra la corrupción.
