Reforma constitucional del artículo 118 fortalece lucha contra la corrupción
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución Política, cuyo objetivo es reforzar la protección de los bienes del Estado y consolidar la lucha contra la corrupción en todas las instituciones públicas. La enmienda envía un mensaje directo a las y los funcionarios públicos: el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas será ineludible.
La reforma modifica el artículo 118 de la Constitución, estableciendo que todo funcionario público, electo o designado, deberá preservar y defender los principios fundamentales de la Carta Magna, así como garantizar el uso correcto de los recursos estatales. El nuevo texto también deja claro que el incumplimiento de estas obligaciones será causa inmediata de remoción, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
El jefe de bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), diputado Edwin Castro, respaldó la iniciativa presentada por la Presidencia de la República, afirmando que esta reforma se alinea con la nueva Ley de la Procuraduría General de Justicia, bajo el lema “Todos contra la corrupción”. Subrayó que los titulares de las instituciones no podrán alegar desconocimiento cuando haya mal manejo de fondos, pues forma parte de su responsabilidad directa.
Por su parte, la diputada Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, enfatizó que esta reforma cierra las puertas a la impunidad. “No solo exige transparencia, sino que establece que su incumplimiento conlleva consecuencias reales: destitución y responsabilidades penales”, aseguró. A esto se sumó el diputado Walmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, quien destacó que los funcionarios que dañen el erario público deberán responder con su propio patrimonio, e incluso enfrentar cárcel, si fuera necesario.
Desde el Parlamento se insiste en que esta medida busca garantizar una administración pública íntegra, eficiente y al servicio del pueblo, donde cada córdoba sea invertido con responsabilidad en el bienestar de las familias y comunidades. Se refuerza así el principio de que los recursos del Estado no son botín de nadie, sino herramientas para vencer la pobreza mediante un esfuerzo colectivo y transparente.
