Inversionistas y empresarios respaldan Reforma Parcial a la Constitución
Inversionistas y empresarios participaron en la consulta sobre la Reforma Parcial a la Constitución Política presentada por la Comisión Especial de carácter constitucional de la Asamblea Nacional.
El encuentro contó con la participación del presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; el asesor presidencial para la Promoción de Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, Laureano Ortega Murillo; y el ministro de Industria y Comercio (MIFIC), Erwin Ramírez.
Estabilidad, seguridad y paz son tres elementos que interesan a todos los sectores, quienes reconocen la importancia de mantener un país estable, con seguridad en todos los ámbitos y, como consecuencia, paz. Estos aspectos forman parte de los objetivos planteados en la propuesta de reforma para continuar avanzando en la lucha contra la pobreza.
Durante el encuentro se presentaron a los sectores empresariales los seis conceptos que conforman la propuesta de reforma, entre ellos:
Las personas que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación; promuevan la injerencia extranjera con financiamiento proveniente del extranjero; propaguen, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales y financieros, así como sanciones contra el Estado de Nicaragua, no podrán ser candidatos a cargos públicos.
Al igual que con otros sectores consultados como Ejército, Policía Nacional y sector financiero-bancario, que el período establecido en la Constitución Política para los cargos de elección popular y para los cargos de elección o ratificación por la Asamblea Nacional será de siete años.
De igual manera, se plantea que los períodos de nombramiento del comandante en jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua y de los jefes de las fuerzas policiales sean de siete años, con el objetivo de armonizar los períodos con los procesos electorales.
Dentro de las atribuciones del Consejo Supremo Electoral se incorpora la disposición de no otorgar personalidad jurídica a partidos políticos cuando sean constituidos con financiamiento extranjero o cuando alguno de sus directivos haya violentado los principios establecidos en la Constitución. También podrá cancelar la personalidad jurídica a los partidos políticos que no cumplan con la Carta Magna.
Además, se contempla verificar e imponer las sanciones correspondientes a candidatos e integrantes de juntas directivas que incumplan con las disposiciones constitucionales.
