¿Qué exige la Ley N.º 176 en los préstamos particulares?
La Ley N.º 176 establece disposiciones para regular los préstamos entre particulares y contempla mecanismos para proteger el patrimonio de quienes recurren a este tipo de financiamiento.
En Nicaragua, los préstamos entre particulares pueden convertirse en una situación complicada cuando una persona entrega las escrituras de su propiedad como garantía y, después de cancelar el capital y los intereses acordados, el prestamista se niega a devolver la documentación.
El abogado de familia Omar García explicó que este tipo de situaciones puede presentarse cuando las personas, ante una necesidad económica, recurren a prestamistas particulares y entregan como respaldo documentos relacionados con sus propiedades.
El especialista señaló que la Ley N.º 176 regula los préstamos entre particulares y establece condiciones que deben ser tomadas en cuenta por quienes realizan este tipo de operaciones. Asimismo, advirtió sobre los riesgos de recurrir a préstamos con intereses excesivamente elevados, práctica que puede derivar en usura.
García explicó que los prestamistas deben cumplir con los requisitos legales correspondientes y que las tasas de interés deben ajustarse a lo establecido por las autoridades competentes.
Uno de los principales problemas surge cuando, como parte de la negociación, se realizan simulaciones de compraventa o donación de una propiedad para garantizar el préstamo.
De acuerdo con el abogado, este tipo de operaciones debe manejarse con especial cuidado, debido a que una simulación de escritura pública puede generar consecuencias legales tanto para las personas involucradas como para los profesionales que intervengan en la transacción.
¿Qué hacer si el prestamista no quiere devolver las escrituras?
El especialista recomendó que las personas que hayan cancelado el préstamo y enfrenten dificultades para recuperar sus documentos busquen asesoría legal de inmediato.
Una de las alternativas mencionadas es acudir a las instancias correspondientes para solicitar la documentación registral y verificar la situación jurídica de la propiedad.
También explicó que, cuando existe un conflicto entre las partes, se puede recurrir a los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, con el objetivo de buscar una solución antes de iniciar otras acciones legales.
En caso de que persista la retención de documentos o existan indicios de una actuación ilícita, la persona afectada puede recibir orientación de un abogado para determinar las acciones que correspondan.
Recomiendan proteger el patrimonio familiar
Durante la conversación también se hizo énfasis en la importancia de no entregar a la ligera documentos relacionados con viviendas, vehículos u otros bienes para obtener préstamos.
El abogado recomendó que, antes de firmar cualquier documento, las personas consulten con un profesional del derecho y comprendan plenamente las condiciones de la negociación.
Para quienes no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado particular, recordó que pueden acudir a la Defensoría Pública para solicitar orientación jurídica.
El especialista también llamó a las familias a tener especial cuidado con prácticas de endeudamiento que puedan poner en riesgo su patrimonio. La recomendación principal es no firmar documentos de compraventa, donación o cualquier otro instrumento relacionado con una propiedad sin conocer exactamente sus implicaciones legales.
De esta manera, quienes recurren a préstamos particulares pueden tomar mayores precauciones y evitar que una necesidad económica termine comprometiendo la vivienda y el patrimonio de toda la familia.
